miércoles, 11 de septiembre de 2013

Putas entre MICI, Gobernaciones, Migracion y MINSA

 
Aunque no se nota existe en Panamá una disputa entre ministerio de comercio, las gobernaciones, migración y el ministerio de salud para otorgar la responsabilidad en el supuesto problema que significa la indudable prostitución del país.

Los sitios como bares, cabarés o clubes nocturnos en los cuales se suelen conseguir putas y cuya licencia comercial solo se refiere a “show”, podrían estar incurriendo en dos ilegalidades: no tienen el permiso previo de la Gobernación de Panamá para operar y se dedican al “comercio sexual”. 

El artículo 10 del Decreto 857 establece que para el trámite de una patente comercial se debe solicitar un permiso previo a las gobernaciones, y que una vez emitida tendrá adscrita claramente la advertencia: “esta patente no autoriza el funcionamiento de prostíbulos ni ninguna otra actividad contraria a la seguridad, salubridad o moralidad pública”. La norma no solo ha puesto en aprietos a los night clubs, sino que además provocó un enfrentamiento entre las autoridades del Mici y la Gobernación de Panamá sobre los procedimientos y flexibilización de los requisitos en la apertura de los permisos de los locales existentes.  

Todos sabemos de sitios donde se consiguen putas pero no son puteros, se disfrazan de bares, hoteles y restaurantes y de hecho sirven comida, bebida y alojamiento respectivamente, si el propietario no presenta el permiso de la Gobernación y no cuenta con el aviso para “show”, la ley le permite ordenar su cierre e imponerle una multa.

Sin embargo no es posible sancionar a quien de manera voluntaria se dedique a Puta. “En Panamá la prostitución como tal no es ilegal. No hay una norma que así lo diga”, asegura Silvio Guerra, coautor del Código Penal.




Datos proporcionados por el Mici indican que es a Migración a la que le corresponde vigilar que el grupo de mujeres dedicadas al servicio de putas en bares y cabarés (en su mayoría colombianas) cuenten las fichas para ejercer la actividad.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Jorge Hassán, asegura con propiedad que al menos 600 mujeres son las que asisten a los centros de salud en la capital a sus chequeos semanales, para garantizar que están en buen estado de salud y poder atender a sus “clientes”. Pero fuera de estos sitios de prostitución que cuentan con el apoyo del Minsa para su control de salud, hay cerca de otras 500 (siendo muy conservador) mujeres que realizan esta actividad de manera clandestina. Este grupo de mujeres, en su mayoría colombianas, se organizan por si solas para ir a sitios turísticos que no son en esencia puteros y para promocionarse en páginas de internet y paquetes de servicio para los clientes. Para ellas, el Minsa habilitó en el centro de salud de Santa Ana una clínica amigable en horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Allí se atienden no solo a las que se dedican a la prostitución en locales, sino a aquellas que lo hacen de manera independiente. Se están promoviendo estas clínicas también en Chiriquí y Colón. En ellas se hacen todos los exámenes completos. La idea es que ellas tengan protección. La ilegalidad no es un tema de debate entre los involucrados y la realidad es avasallante, Minsa está siendo responsable al ofrecer esta protección y sirve como comprobación del fenómeno de la prostitución en el país.
 

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